La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó la vigencia de la Ley 1352, conocida como “Ley del arraigo”, que promulgó en 2020 cuando presidía la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma obliga a las autoridades salientes de los niveles nacional, departamental, regional y descentralizado a permanecer en el país por tres meses para rendir cuentas y garantizar procesos de transición transparentes.

Copa recordó que en ese año se denunciaron presuntos hechos de corrupción, como el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, las irregularidades en la adquisición de ventiladores y el caso del expresidente de YPFB, Víctor Hugo Zamora. Señaló que la norma fue aprobada por ambas cámaras de la ALP, pese a la resistencia del Ejecutivo de entonces, y finalmente publicada en la Gaceta tras un proceso complicado.

La alcaldesa lamentó que la norma aún no haya sido reglamentada, aunque remarcó que se mantiene vigente. Aseguró que cumplirá la disposición en su gestión y que no teme al arraigo porque considera que debe haber transparencia en la rendición de cuentas.

En los últimos días, un grupo de abogados citó la Ley 1352 para solicitar arraigo contra los actuales mandatarios, Luis Arce y David Choquehuanca, una vez que dejen sus cargos en febrero.