El Tribunal Supremo Electoral defendió la anulación de las siglas de dos organizaciones políticas, en un contexto marcado por impugnaciones formales y movilizaciones de militantes en distintas ciudades del país.

Desde el órgano electoral se afirmó que las decisiones asumidas responden al cumplimiento estricto de la normativa vigente.

En Santa Cruz y La Paz, simpatizantes de dos frentes políticos realizaron protestas para exigir la habilitación de sus candidaturas, cuestionando los criterios aplicados por el ente electoral.

Los manifestantes sostienen que la inhabilitación vulnera sus derechos políticos y anunciaron que continuarán con medidas de presión.

Uno de los candidatos observados, perteneciente a una de las fuerzas afectadas, solicitó públicamente al presidente del Estado la destitución del presidente del TSE, argumentando que su mandato como vocal ya habría concluido.

Esta postura fue rechazada desde el órgano electoral, que ratificó la legalidad de la gestión de sus autoridades.

El Tribunal Supremo Electoral reiteró que los procesos de revisión y anulación de personerías se desarrollan conforme a la ley y aseguró que las impugnaciones presentadas serán evaluadas en las instancias correspondientes, conforme a los plazos establecidos.