La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó este jueves que en los últimos cuatro años de gestión se logró decomisar entre 9.000 y 10.000 vehículos indocumentados, principalmente en operativos realizados en la frontera con Chile, considerada como la más crítica en cuanto al ingreso de contrabando al país.

“A la fecha, en estos cuatro años, hemos debido decomisar alrededor de 9.000 a 10.000 vehículos indocumentados, que muchas veces también hacen daño al tema de la distribución de nuestros hidrocarburos que están subvencionados”, afirmó Serrudo en conferencia de prensa.

Si bien no precisó el monto económico que representa esta cantidad de decomisos, señaló que el rubro automotriz es el de mayor valor dentro de los operativos, en comparación con los productos pertenecientes a la línea blanca, negra o el denominado “contrabando hormiga”.

Hasta el 31 de marzo de este año, las acciones de la Aduana, en coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, lograron una afectación de aproximadamente 150.000 bolivianos a las actividades ilícitas.

Serrudo también destacó que la entidad cuenta con tecnología moderna como drones, imágenes satelitales y vehículos adecuados para identificar movimientos sospechosos. No obstante, advirtió que el contrabando es una actividad riesgosa, pues en muchos casos se presentan situaciones de violencia y están relacionados con el tráfico de sustancias controladas, lo que pone en peligro al personal que participa en los operativos

La presidenta de la Aduana subrayó que Bolivia, al tener una de las fronteras más extensas de Sudamérica, enfrenta múltiples desafíos, pero que la frontera con Chile —específicamente en zonas como Iquique— es la más problemática, debido a la existencia de zonas francas. “Chile es la principal frontera, es la más riesgosa, por el tema que se encuentra en una zona franca”, apuntó.

En ese contexto, explicó que muchas veces los mismos bolivianos intentan ingresar vehículos y productos con el objetivo de venderlos en el país al doble de su valor, generando pérdidas económicas y afectando a la industria legal nacional.