La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó que el exalcalde Jhonny Fernández regularizó este jueves, antes del mediodía, el pago del impuesto correspondiente a un bien inmueble de la gestión 2025, luego de que la comuna denunciara presuntas irregularidades en el cálculo del tributo.

El secretario municipal de Finanzas, Carlos Schlink, explicó que Fernández aseguró haber cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias; sin embargo, precisó que el pago de Bs 8.775 realizado por el exalcalde corresponde a la gestión 2021 y fue efectuado en 2022.

Según la autoridad municipal, la observación se centra en el impuesto de la gestión 2025, cuando por el mismo inmueble se cancelaron Bs 322.

Schlink sostuvo que la reducción del monto se produjo debido a una presunta manipulación de los datos técnicos del inmueble por parte de un funcionario, lo que derivó en un cálculo incorrecto del impuesto.

Asimismo, indicó que el sistema municipal registra que este jueves, a las 10:40 de la mañana, se efectuó el pago del impuesto rectificado, hecho que, según la Alcaldía, evidencia la regularización del tributo.

Horas antes, Jhonny Fernández brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que los impuestos de su vivienda estaban al día y cuestionó que el alcalde Manuel “Mamén” Saavedra lo mencionara públicamente antes de que concluya el plazo fijado hasta el 31 de agosto para la regularización de contribuyentes con observaciones.

El exalcalde también desafió a la Alcaldía a publicar la lista completa de los otros 22.000 contribuyentes que, según la comuna, presentan observaciones tributarias y sostuvo que durante su gestión nunca expuso públicamente a personas con este tipo de situaciones.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, criticó las declaraciones de Fernández y afirmó que el pago realizado este jueves confirma la regularización del impuesto observado.

La concejal señaló que, con las boletas de pago, se ratifica la versión presentada por la Secretaría Municipal de Finanzas y pidió que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas, además de exigir las sanciones que correspondan si se comprueban responsabilidades.