La diputada de Libre, Lissa Claros, informó que se encuentra reuniendo documentación y antecedentes relacionados con la situación del presidente de YPFB, Sebastián Daroca, con el propósito de evaluar la presentación de una denuncia penal en su contra.

La legisladora explicó que se revisan posibles figuras legales, entre ellas incumplimiento de deberes y presunto daño económico al Estado, aunque aclaró que cualquier acción judicial deberá estar respaldada por pruebas y elementos documentales suficientes.

Claros señaló que, mientras se desarrollan las investigaciones y se esclarecen los cuestionamientos existentes, Daroca debería ser apartado de sus funciones al frente de la estatal petrolera. Según afirmó, la prioridad es garantizar transparencia y confianza en la administración pública.

Asimismo, cuestionó los criterios empleados para la designación de autoridades dentro del Gobierno y sostuvo que el país necesita servidores públicos con capacidad técnica, experiencia e independencia. En ese sentido, indicó que las tareas de fiscalización continuarán desde la Asamblea Legislativa con el objetivo de resguardar los intereses de la población.