Las autoridades bolivianas impidieron el ingreso al país de una autodenominada misión argentina de derechos humanos integrada por al menos 18 activistas, dirigentes sindicales, referentes de izquierda y legisladores argentinos. La delegación fue retenida en el aeropuerto de El Alto y posteriormente retornó a su país a través de Santa Cruz.

Entre los integrantes del grupo se encontraban el diputado argentino Juan Marino, la legisladora Vanina Biasi, la dirigente sindical Soledad Mosquera, María José Cano y la legisladora Alejandrina Barry, entre otros representantes políticos y sociales.

La Dirección General de Migración informó que la decisión se adoptó tras detectar incumplimientos de requisitos e inconsistencias entre los motivos declarados para el ingreso al país y las actividades que la delegación había anunciado públicamente. Según la institución, la medida respondió a criterios legales y administrativos, sin considerar aspectos políticos o ideológicos.

Por su parte, los integrantes de la misión cuestionaron la determinación y señalaron que su objetivo era verificar denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos durante los conflictos sociales en Bolivia. Asimismo, afirmaron que la expulsión afectó los fueros de los legisladores que formaban parte de la comitiva.

La decisión del Gobierno boliviano recibió respaldo desde Argentina. El vicecanciller Pablo Quirno manifestó que Bolivia actuó dentro de sus facultades soberanas al negar el ingreso de la delegación. En el ámbito nacional, también hubo pronunciamientos de apoyo por parte de legisladores, quienes sostuvieron que el país no debe permitir el ingreso de activistas extranjeros para desarrollar actividades políticas en el contexto actual.