Datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que el 46,7% del servicio público en Bolivia utiliza Gas Natural Vehicular (GNV), combustible que mantiene la subvención y cuya distribución continúa con normalidad.

De acuerdo con la actualización de 2026, el parque automotor del servicio público alcanza a 202.182 vehículos. De ese total, 39.880 funcionan exclusivamente con diésel, equivalentes al 19,7%; 67.815 utilizan únicamente gasolina, que representan el 33,5%; 29.290 operan exclusivamente con GNV, equivalentes al 14,5%; y 65.197 utilizan GNV y gasolina, que representan el 32,2%.

En conjunto, 94.487 vehículos del servicio público pueden operar con GNV, ya sea de manera exclusiva o combinándolo con gasolina. Esto representa el 46,7% del total registrado por YPFB y la ANH.

Los datos también señalan que el 80,3% del transporte público utiliza gasolina, GNV o ambos combustibles, mientras que el 19,7% funciona exclusivamente con diésel.

Datos del parque automotor

Según la información proporcionada, Bolivia registró a diciembre de 2025 un parque automotor de 2.672.176 vehículos. De ese total, 129.148 correspondían al servicio público, equivalente al 4,8% del parque automotor nacional, aunque la actualización de YPFB y la ANH para 2026 eleva la cifra del servicio público a 202.182 vehículos.

El 93,7% de los vehículos registrados, 2.503.680 motorizados, corresponde a automóviles particulares.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, señaló que la eliminación de la subvención al diésel busca terminar con el contrabando y la corrupción vinculados a la distribución de combustibles, además de reducir el gasto que representa este mecanismo para el Estado.

Según la autoridad, el sistema de precios diferenciados de los combustibles generó distorsiones y una parte importante del beneficio habría llegado a sectores de ingresos altos, mientras que una proporción menor habría beneficiado a hogares pobres.

El Gobierno señala que el gasto anual destinado a la subvención alcanza aproximadamente a $us 2.600 millones y que, tras el retiro del subsidio, estos recursos podrán ser destinados a la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.