Choferes protestan ante la posible promulgación de la ley de congelamiento de tarifas
Este miércoles, la Federación del Transporte Libre de La Paz instaló una vigilia en puertas de la Alcaldía y del Palacio Consistorial en rechazo a la posible promulgación de la ley de congelamiento de tarifas por parte del Concejo Municipal.
Esta norma busca restablecer las tarifas del transporte público a cómo estaban vigentes desde 2016, por lo que el incremento autorizado el 25 de febrero por el alcalde Iván Arias quedaría eliminado.
“El transporte no va a acatar ninguna disposición ilegal, arbitraria, que quiere hacer el Consejo. No podemos permitir que el Consejo tenga un aspecto político”, afirmó el representante del sector, Limbert Tancara.
Tarifas Los transportistas recibieron información que la presidenta del Concejo Municipal, Lourdes Chambilla, promulgará la ley este miércoles, luego de más de un mes de su aprobación en una sesión en la que no participaron los concejales de la bancada de Arias.
La Alcaldía rechaza esta norma, pues considera que existe un incumplimiento de funciones y el único autorizado para aprobar, rechazar o modificar las tarifas del transporte público en el municipio es el alcalde.
Por ello, Tancara apuntó a Chambilla, diciendo que ésta tiene intereses políticos y busca ocupar el cargo de alcaldesa. Sin embargo, aclaró que su sector no defiende a Arias, sino a las tarifas de Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos que tanto les costó conseguir.
“Estamos defendiendo aquello que hemos luchado durante muchos años que para nosotros es una reivindicación”, sostuvo el dirigente.
El incremento de pasajes se definió tras un largo estudio técnico entre la Alcaldía, las juntas vecinales y los choferes, quienes también asumieron el compromiso de mejorar su servicio y eliminar prácticas como el trameaje.
Santos Escalante, representante del transporte urbano, denunció que con la promulgación, el Concejo está buscando “la confrontación” entre paceños.
La Alcaldía, por su parte, advirtió con procesos legales contra los concejales que aprobaron la ley y señaló los riesgos penales que implica su promulgación.
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