La disposición asumida por el Tribunal Supremo de Justicia en alusión a la situación jurídica de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, sigue generando reacciones. Mientras la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, considera la decisión como "medida política", desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se pide procesar a jueves y fiscales que intervinieron en la irregular detención.

Alberto Pérez, presidente de Comcipo, cuestionó que estas autoridades judiciales "se vendieron por cargos y algunas prebendas" y por ello "deben ser investigados, juzgados y enviados a la cárcel. Los jueces y fiscales involucrados son unos delincuentes sueltos que estaban en la justicia boliviana", afirmó.

Asimismo, reafirmó que en los diferentes Consejos Consultivos de COMCIPO se aprobaron resoluciones para exigir la liberación de Marco Pumari y demás presos por juicios políticos instaurados desde el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Pérez recordó el fallecimiento del también líder cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, quien murió en la clandestinidad. También se refirió a Ramiro Subia, otro dirigente cívico que todavía continúa en el anonimato.

"Por ellos se tiene que hacer justicia porque injustamente estaban siendo perseguidos y detenidos como Pumari. La justicia en el país no ofrecía seguridad jurídica en su momento", manifestó el titular cívico.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz notificó a Pumari y Camacho para que asistan este lunes a una audiencia presencial luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través del Instructivo 18/2025, ordenara revisar los plazos legales de su detención preventiva.