Durante cuatro meses, una comisión especial de la Cámara de Diputados reconstruyó el recorrido de la gasolina que llegó a los surtidores de Bolivia y que, posteriormente, fue relacionada con daños en motores de vehículos. El informe final, que revisó 1.962 fojas de documentación y convocó a autoridades, identifica presuntas fallas en la cadena de control y recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para profundizar las investigaciones.

De acuerdo con el documento, los problemas en los motores fueron detectados después de que el combustible había completado toda la cadena de comercialización, luego de ser importado, almacenado, autorizado y distribuido. La investigación parlamentaria buscó establecer cómo un combustible desestabilizado logró superar los controles establecidos por el Estado y llegar a los surtidores.

Uno de los antecedentes incorporados por la comisión corresponde al testimonio de la Asociación de Surtidores (Asosur). Sus representantes señalaron que las observaciones sobre la calidad de los combustibles ya habían sido advertidas desde 2022 al entonces Ministerio de Hidrocarburos, aunque, según su declaración, estas alertas no derivaron en correctivos efectivos.

A partir de estos antecedentes, la investigación se concentró en el sistema de control que debía evitar que un combustible fuera comercializado sin cumplir las especificaciones técnicas. La viceministra Tatiana Genuzio explicó que el Decreto Supremo 4718 establecía controles obligatorios en toda la cadena de comercialización y asignaba a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la realización de determinados análisis técnicos.

Sin embargo, los antecedentes incorporados por la Fiscalía señalan, como conclusión preliminar, que la comercialización de la gasolina desestabilizada se produjo ante una ausencia total de controles de calidad. El informe atribuye a YPFB presuntas omisiones en la recepción, almacenamiento y comercialización del combustible, además del incumplimiento de parámetros establecidos en contratos, el Decreto Supremo 4718 y la normativa vigente.

La comisión también cuestionó que parte de los controles se hubiera limitado a verificaciones documentales y visuales, denominadas control “a ojo”, sin la realización de análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, entre ellos el contenido de manganeso y goma. Asimismo, observó que el personal encargado de estas tareas no contaba con la especialidad técnica requerida.

La investigación también apunta a la ANH. Según el informe, la entidad habría demorado más de tres años en reglamentar el Decreto Supremo 4718, además de no implementar la infraestructura de laboratorios prevista por la norma. También se señala que la entidad emitió autorizaciones excepcionales de importación sin exigir toda la documentación técnica necesaria para garantizar la calidad del combustible.

Para la comisión especial de Diputados, estas presuntas fallas permiten explicar cómo la gasolina desestabilizada logró superar los controles y llegar a los surtidores del país.

Informe apunta a Botrading

Otro capítulo del informe centra su atención en el costo de las importaciones de combustibles. Los legisladores concluyen que la empresa Botrading habría incorporado una intermediación que incrementó el precio pagado por YPFB en la compra de carburantes.

Según el documento, las operaciones realizadas a través de esta firma registraron premios o diferenciales comerciales superiores a los observados en transacciones comparables de otros países de la región. Para la comisión, esta diferencia constituye uno de los principales indicios de un presunto sobreprecio que deberá ser investigado por las instancias competentes.

El informe sostiene que estos mayores costos fueron asumidos por la empresa estatal. Asimismo, incorpora antecedentes sobre la gestión del entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dentro de las investigaciones relacionadas con Botrading.

No obstante, la comisión aclara que corresponde al Ministerio Público y a la justicia determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas.