La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la denominada “gasolina desestabilizada” presentó su informe final y recomendó al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles durante la anterior gestión de Gobierno.

El diputado Carlos Alarcón informó que el documento identifica presuntas responsabilidades en los exministros de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli y Alejandro Gallardo, además de exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellas el expresidente de la estatal Yussef Akly.

Según explicó el legislador, el informe solicita que todos los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones penales correspondientes, con base en los hallazgos e indicios recopilados durante el trabajo de la comisión.

Asimismo, recomendó la intervención de la Contraloría General del Estado para la realización de auditorías especiales que permitan establecer posibles responsabilidades administrativas y económicas relacionadas con el caso.

Como tercera recomendación, el informe plantea que el Órgano Ejecutivo fortalezca las capacidades logísticas y técnicas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el objetivo de mejorar los controles sobre la calidad de los combustibles que se importan y comercializan en el país.

De acuerdo con las conclusiones expuestas por Alarcón, las presuntas irregularidades podrían configurar varios delitos contemplados en la normativa boliviana, entre ellos conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El informe será remitido a las instancias correspondientes para que se evalúe el inicio de las acciones legales y administrativas que establece la ley.