El Consejo de la Magistratura se pronunció este lunes sobre la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó la revisión de los plazos de detención preventiva de tres privados de libertad en Palmasola. La institución advirtió que las mismas garantías deben aplicarse de manera uniforme a toda la población carcelaria del país, evitando privilegios y desigualdades.

El consejero Carlos Spencer Arancibia, en representación del Consejo de la Magistratura, señaló que la decisión del TSJ visibiliza un problema estructural de fondo. “La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, afirmó, subrayando el principio de igualdad ante la ley.

Plan de acción inmediato La autoridad anunció un conjunto de medidas destinadas a combatir la retardación de justicia y garantizar el debido proceso para la totalidad de los privados de libertad en Bolivia:

1. Fiscalización a tribunales departamentales. Se instruirá a jueces y tribunales de sentencia del país cumplir con la celeridad procesal establecida en la normativa, asegurando que todos los internos accedan a una justicia oportuna.

2. Auditorías judiciales. Se realizarán auditorías en aquellos juzgados y tribunales donde se identifiquen retrasos injustificados en procesos penales, con el fin de transparentar el funcionamiento del sistema.

3. Censo técnico nacional. Se está levantando un registro para identificar cuántas personas permanecen en prisión preventiva por más de tres años y un día, plazo máximo fijado por ley. El incumplimiento de esta disposición constituiría una vulneración grave de derechos.

Convocatoria pública El Consejo de la Magistratura informó que a las 14:00 de este lunes se llevará a cabo una audiencia pública, en la que se darán a conocer más detalles sobre las acciones a implementar y los resultados preliminares de este plan.

Con estas medidas, la institución reafirmó su compromiso de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley, asegurando que la celeridad procesal y las garantías constitucionales no sean un privilegio para unos pocos, sino un derecho real para todos los privados de libertad en el país.