En medio del debate por la situación del abastecimiento de carburantes, surgieron cuestionamientos sobre la permanencia y designación de funcionarias que trabajaron en anteriores administraciones gubernamentales y que actualmente ocupan cargos estratégicos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En los últimos días, el presidente Rodrigo Paz denunció un supuesto boicot relacionado con el sector de hidrocarburos y señaló que dentro de la estatal petrolera permanecen personas vinculadas a anteriores gestiones políticas.

Entre los casos mencionados se encuentran Daniela Durán y Raquel Rivera, quienes actualmente desempeñan funciones en la empresa estatal.

Durán ocupa el cargo de directora nacional jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Según los cuestionamientos difundidos, la funcionaria habría trabajado en el área legal durante el gobierno del exmandatario Evo Morales, donde desempeñó funciones dentro de la estructura jurídica del sector público.

Por otro lado, Rivera se desempeña como asesora de presidencia en la empresa petrolera. De acuerdo con la información señalada, inicialmente habría sido contratada con un cargo técnico y posteriormente asumió funciones de asesoramiento dentro de la estatal.

Los cuestionamientos surgen también en un contexto de reestructuración dentro de la empresa, luego de que en días recientes se informara sobre la desvinculación de más de 400 trabajadores en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El debate se centra en la presencia de profesionales que formaron parte de administraciones pasadas, entre ellas la del expresidente Luis Arce, y que actualmente continúan ocupando funciones dentro de la estatal petrolera en medio de las tensiones políticas y administrativas en el sector energético.