Las políticas forestales implementadas en Bolivia contrastan fuertemente con los discursos oficiales que proclaman la defensa de la Madre Tierra.

Un informe de Antonio Donato Nobre, especialista en clima del Amazonas, revela que la Amazonía está siendo devastada a un ritmo alarmante, con un 40% del bosque brasileño ya dañado hasta el punto de perder su funcionalidad como ecosistema.

Esta situación no es exclusiva de Brasil; Bolivia también enfrenta una de las tasas más altas de deforestación en el mundo.

Entre 2000 y 2010, Bolivia perdió 1,82 millones de hectáreas de bosques, y la destrucción sigue acelerándose.

El país registró una deforestación anual de hasta 350,000 hectáreas en años recientes, una tendencia alarmante que ha llevado a Bolivia a encabezar la lista mundial de pérdida forestal durante ciertos periodos.

Este fenómeno ha impactado negativamente en los recursos hídricos, la biodiversidad, y ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, situando a Bolivia con emisiones per cápita superiores a las de Europa Occidental.

Las políticas del gobierno boliviano buscan cuadruplicar la superficie agrícola para 2025, lo que implica arrasar un millón de hectáreas de bosques por año.

Gran parte de estas tierras se destinan a la cría de ganado y cultivos transgénicos, mientras que los colonos campesinos, incluidos los cultivadores de coca, también contribuyen a la degradación del suelo con prácticas insostenibles.

Además, la construcción de carreteras y represas hidroeléctricas en áreas protegidas, como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, pone en riesgo la integridad de estos ecosistemas.

A pesar de las advertencias de organizaciones ambientales y la comunidad internacional, las autoridades bolivianas parecen no inmutarse.

El presidente Evo Morales ha desestimado las críticas, atribuyendo la creación de reservas forestales a intereses extranjeros y defendiendo la exploración de recursos naturales en áreas protegidas.

La respuesta del gobierno ante la creciente deforestación y sus impactos ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente.