La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la presunta colocación de bonos por más de mil millones de dólares sin contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La legisladora señaló que la denuncia fue presentada el lunes junto a otros parlamentarios y que contempla presuntos delitos relacionados con incumplimiento de deberes y funciones, daño económico al Estado y una supuesta vulneración de la Constitución Política del Estado.

“El día de ayer (lunes) ya hemos presentado una denuncia al Ministerio Público, juntamente con algunos parlamentarios en contra del exministro Espinoza”, informó Claros.

Cuestionan colocación de bonos

Según la diputada, el principal cuestionamiento está relacionado con la presunta colocación de bonos por un monto superior a los mil millones de dólares sin la autorización correspondiente de la Asamblea Legislativa.

“Se ha puesto y se ha acomodado bonos por más de mil millones (de dólares) sin aprobación de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Claros sostuvo que la denuncia ya fue admitida por el Ministerio Público y anunció que solicitarán medidas como el arraigo y una alerta migratoria contra el exministro.

La legisladora también demandó que las investigaciones sean desarrolladas con imparcialidad y que se establezcan responsabilidades en caso de comprobarse las acusaciones planteadas.

“No vamos a permitir que nuevamente se sigan riendo en la cara de los bolivianos, vamos a exigir que la Justicia actúe con total imparcialidad”, manifestó.

Espinoza fue censurado por la ALP

La denuncia se conoce después de que José Gabriel Espinoza fuera censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional tras una interpelación.

La exautoridad no asistió a la sesión debido a compromisos que tenía en otro departamento. Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la censura y Espinoza fue retirado del cargo de ministro de Economía.

Ahora, la denuncia presentada por la diputada Lissa Claros será investigada por el Ministerio Público, que deberá establecer si existieron irregularidades en la colocación de los bonos señalada por la legisladora.