Erwin Bazán, Diputado por el partido CREEMOS, arroja luz sobre la reciente resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Bolivia. Bazán advierte a la población sobre la magnitud de la crisis institucional, judicial y democrática que, según él, ha sido generada por el gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora.

En su análisis, Bazán acusa al gobierno y al TCP de conspirar contra el Estado de Derecho, la democracia y las libertades ciudadanas. Sostiene que el contubernio entre ambas entidades, revelado recientemente, representa una amenaza significativa para la estabilidad del país.

El diputado hace hincapié en la necesidad de que los magistrados del TCP no continúen en sus funciones después del 2 de enero, y aboga por la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional para decidir el curso de la justicia en Bolivia y fijar la fecha de las elecciones judiciales, como lo establece la Constitución Política del Estado.

Bazan critica la utilización de la jurisprudencia de la prórroga de mandato del año 2019 como argumento dentro de la declaración constitucional, señalando un supuesto cinismo por parte del gobierno. Destaca la necesidad de que la comunidad internacional tome nota de la actuación del gobierno, utilizando selectivamente la jurisprudencia según sus conveniencias.

El diputado atribuye la crisis actual a las maniobras del gobierno socialista, que, según él, ha buscado dilatar los tiempos mediante consultas innecesarias para evitar la celebración de elecciones judiciales y consolidar el poder absoluto. Advierte que esto forma parte de un plan más amplio para imponer una tiranía y eliminar las facultades parlamentarias, debilitando así la representación democrática del pueblo boliviano.

Bazán concluye llamando al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, a convocar una sesión legislativa urgente con los 166 diputados y senadores para abordar y resolver la crisis institucional y democrática que enfrenta el país. Insiste en que la solución debe emerger del debate parlamentario y no de un fallo del Tribunal Constitucional respaldado por el gobierno de Arce.