El expresidente de la República y exlíder de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, analizó la aguda convulsión política y social que atraviesa el territorio nacional. Reconocido históricamente como un hombre de consenso tras haber conducido la transición democrática en la crisis de 2005, el exmandatario identificó los factores estructurales que hoy vuelven a resquebrajar la institucionalidad del Estado y planteó la urgencia de pactar una tregua por la paz pública.

Rodríguez Veltzé señaló que el primer gran detonante de la crisis es el déficit de representatividad en la Asamblea Legislativa, argumentando que el Parlamento ha dejado de escuchar y resolver las demandas de sus mandantes debido a una profunda degradación en el sistema de partidos políticos, a los cuales calificó como estructuras hegemónicas o "taxi partidos" desarticulados de sus bases. Ante este vacío de representación formal, advirtió que el poder de decisión ha sido desplazado hacia la presión directa de movimientos sindicales, vecinales y gremiales en las calles. Como segundo factor central, fustigó la situación del Órgano Judicial, denunciando que los sucesivos gobiernos han convertido a los tribunales en herramientas de extorsión, escarmiento y venganza política, funcionando como una "puerta giratoria" para encarcelar rivales en lugar de proteger las garantías ciudadanas.

El tercer elemento crítico expuesto por el jurista radica en la desfiguración del ejercicio de las protestas sociales. Rodríguez Veltzé fue enfático al recordar que, bajo el orden constitucional vigente, no existen los derechos absolutos y que el derecho a la protesta no puede situarse por encima de derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la educación y el libre tránsito. Para salir de este escenario de asfixia, el exmandatario descartó cualquier salida que implique la ruptura del hilo democrático por la vía de la fuerza y exhortó tanto al poder público como a los sectores movilizados a forjar una agenda común de convivencia fraterna que priorice los intereses colectivos sobre las discrepancias partidarias.