Ocho años después del incendio que cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, la justicia guatemalteca dicta condenas y apunta responsabilidades al más alto nivel.

Tras ocho años y medio de un prolongado proceso judicial, este martes 12 de agosto se dictó una sentencia histórica en el caso Hogar Seguro. La jueza Ingrid Cifuentes impuso penas de prisión que van de 6 a 25 años a seis exfuncionarios y ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad en el incendio de un albergue para menores en 2017, tragedia que dejó 41 víctimas mortales y 15 sobrevivientes con heridas graves.

La audiencia, transmitida en vivo, revivió el dolor de aquel 8 de marzo de 2017, cuando un incendio en las instalaciones bajo la tutela de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia desató la indignación nacional e internacional. El juicio detalló episodios de tortura y negligencia que las menores sufrieron durante el gobierno de Morales.

La magistrada señaló de manera particular la negligencia de Lucinda Marroquín, quien no abrió la puerta del aula pese a los desesperados pedidos de auxilio de las adolescentes, y responsabilizó a Carlos Rodas Mejía, entonces jefe de la Secretaría de Bienestar Social, por permitir que la Policía Nacional Civil (PNC) mantuviera a las jóvenes bajo represión durante nueve horas.

Condenas dictadas:

• Santos Torres (Director del Hogar Seguro): 20 años de prisión
• Carlos Rodas Mejía (Jefe de la Secretaría de Bienestar Social): 20 años de prisión
• Brenda Chamán (Jefa de Protección Especial): 12 años de prisión
• Gloria Castro (Defensora de la Niñez): 6 años de prisión
• Luis Pérez Borja (Subcomisario de la PNC): 6 años de prisión
• Lucinda Marroquín (Subinspectora de la PNC): pena no especificada

Harold Flores, de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto de los tres delitos que le imputaba el Ministerio Público.

Durante las audiencias, se escucharon testimonios que estremecieron al país. Se reveló que las niñas recibían somníferos mezclados en la comida para “tranquilizarlas”, práctica confirmada por exámenes toxicológicos que hallaron drogas potentes en los cuerpos de las víctimas, lo que sugiere que eran mantenidas inconscientes o dormidas.

La sentencia marca un precedente para la justicia infantil en Guatemala, al reafirmar que las instituciones encargadas de proteger a menores bajo custodia estatal deben responder judicialmente cuando no garantizan una vida digna y segura.

La audiencia para determinar la reparación de daños a las familias afectadas se celebrará el próximo viernes 15 de agosto.