La búsqueda de consensos económicos marcó la primera reunión oficial entre el presidente Rodrigo Paz y los gobernadores electos en la sede de Gobierno. El gobernador electo de Chuquisaca, Luis Ayllón, calificó el encuentro como un paso fundamental, aunque advirtió que la crítica situación de su departamento requiere soluciones técnicas inmediatas y no solo voluntad política.

Durante más de dos horas, el diálogo se centró en la propuesta de redistribución de recursos bajo la fórmula del 50-50 y la profundización de las autonomías. «Ha quedado claro que el único camino para salir adelante de esta crisis es la unidad entre los entes gubernamentales», afirmó Ayllón al salir del Palacio, subrayando que el trabajo aislado no dará resultados ante la coyuntura actual.

Chuquisaca en "terapia intensiva" y el debate del 50-50 Pese a valorar la apertura al diálogo, Ayllón expresó su preocupación por la resistencia al cambio en el modelo de gestión. Según la autoridad chuquisaqueña, al Gobierno central «le va a costar desapoderarse del centralismo», pero aseguró que las regiones impulsarán el cumplimiento del marco autonómico.

El gobernador describió un panorama financiero desolador para Chuquisaca, comparando al departamento con un paciente en estado crítico:

Crisis de liquidez: No existen recursos suficientes para el pago de planillas de personal.

Endeudamiento: La Gobernación arrastra deudas que mantienen paralizadas obras estratégicas.

Necesidad de cifras: Ayllón proyecta que, bajo el nuevo esquema 50-50, Chuquisaca debería recibir aproximadamente 600 millones de bolivianos para estabilizar su economía.

Próxima cita en Sucre y reformas estructurales Un resultado concreto del encuentro fue la declaratoria de Sucre como sede de la segunda reunión nacional, programada para el próximo 25 de mayo. Para esa fecha, los gobernadores esperan que el Ministerio de Economía presente propuestas técnicas con montos y proyecciones reales hacia el 2027.

Asimismo, se destacó la propuesta presidencial de reformar las leyes de Hidrocarburos y Minería. Esta medida permitiría que cada departamento adecúe las inversiones a su realidad productiva, otorgando a las regiones la competencia para generar su propio desarrollo y no depender exclusivamente de las transferencias estatales.