El operativo contra el Comando Vermelho dejó al menos 132 muertos, incluidos cuatro policías, y desató críticas por el uso excesivo de la fuerza en las favelas de Penha y Alemão.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está “horrorizado” por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal en la historia de Río de Janeiro, según confirmó este miércoles su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

“El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, declaró el ministro a la prensa, luego de que la Defensoría Pública regional confirmara que al menos 132 personas murieron, entre ellas cuatro agentes policiales.

La Defensoría, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó la nueva cifra después de que habitantes de los barrios afectados salieran a buscar a sus familiares desaparecidos, encontrando decenas de cuerpos en una plaza del complejo de la Penha. Funcionarios del organismo acompañan las labores de búsqueda y participan en la identificación de cadáveres en los institutos forenses.

“Recabamos testimonios de familiares y testigos para contribuir a la necesaria respuesta institucional ante una violencia estatal nunca vista”, señaló la entidad en un comunicado.

Los cuerpos hallados, todos de hombres, fueron alineados por los vecinos en el suelo de una plaza de la Penha, mientras las familias exigían explicaciones. El Gobierno regional, por su parte, aseguró que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes.

La operación, que buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, movilizó 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados en las favelas de Penha y Alemão.

Durante el operativo, fueron arrestadas 81 personas y se incautaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último informe oficial.

Los enfrentamientos provocaron bloqueos en las principales vías del norte de Río, afectando el tránsito de más de un centenar de líneas de autobuses y obligando al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos, aunque muchos comercios y establecimientos educativos permanecen cerrados, mientras crece la presión de organismos de derechos humanos que piden una investigación independiente sobre la masacre.