La reestructuración del Órgano Ejecutivo, impulsada por el presidente Rodrigo Paz, tiene como objetivo principal generar un ahorro anual estimado de al menos $us 1.000 millones. Según el viceministro Julio Linares, esta medida es parte de una política de austeridad destinada a reducir el déficit fiscal. Linares explicó que el ahorro apunta a reducir al menos tres puntos del déficit fiscal, lo que equivale aproximadamente a la mencionada cifra en un año de gestión.

La reforma, basada en el Decreto Supremo 5488, establece la reducción de 17 a 15 ministerios (y finalmente 14 con el cierre de Justicia), y disminuye los viceministerios de 58 a 54. Esta acción busca desmontar estructuras burocráticas que, según el Gobierno, fueron diseñadas para sostener prácticas de corrupción. Linares afirmó: “Estamos readecuando y queriendo desmantelar una estructura organizacional hecha a la medida de la corrupción”, enfatizando que la reforma es de fondo y no solo numérica.

Como parte de la reestructuración, se aplicará una reducción de personal de alrededor del 30% solo en el Ministerio de la Presidencia, pese a que esta cartera asumió funciones fusionadas. El Gobierno prevé consolidar la nueva arquitectura estatal con una Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que será enviada a la Asamblea Legislativa. Esta medida busca garantizar un marco moderno y transparente, dejando atrás los ajustes realizados por decretos y supuestos "intereses caudillistas".

El Gobierno sostiene que esta nueva estructura permitirá una gestión más eficiente, con menor gasto corriente y mayor capacidad operativa, como pilar del proceso de reconstrucción económica. Sin embargo, la medida ha generado críticas; el exviceministro Jorge Silva advirtió que el cierre del Ministerio de Justicia dejará a unos 350 funcionarios en el desempleo. La administración de Paz defiende que la transformación es necesaria para avanzar con transparencia y unidad.