En una audiencia pública sin precedentes realizada en Sucre, el Tribunal Agroambiental dictó medidas urgentes de protección para el jaguar y su territorio, en respuesta a una Acción Ambiental Directa impulsada por la diputada María René Álvarez. La resolución prohíbe temporalmente las quemas en todo el país y exige la implementación de políticas concretas para salvaguardar esta especie emblemática y su ecosistema.

La resolución, compuesta por 12 puntos, establece una pausa ecológica que implica la suspensión inmediata de autorizaciones de quemas otorgadas por la ABT y la prohibición de emitir nuevos permisos hasta una evaluación técnica. Esta medida responde a la amenaza que representan los chaqueos para el hábitat del jaguar, especialmente en regiones como la Chiquitania.

El fallo se apoya en el Acuerdo de Escazú y exhorta al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas a actualizar la categoría de conservación del jaguar, trabajar por una política de “cero tolerancia” al tráfico de fauna silvestre, y coordinar con entidades territoriales e indígenas para proteger áreas naturales.

Representantes de distintas regiones del país, organizaciones ambientales, indígenas, la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales asistieron a la audiencia. Las intervenciones coincidieron en señalar que la caza del jaguar no solo pone en riesgo a la especie, sino que también agrava el avasallamiento de territorios indígenas y la pérdida de biodiversidad.

El Tribunal también exhortó a proteger a quienes denuncian delitos ambientales, reconociendo el peligro que enfrentan frente a redes de tráfico de fauna y crimen organizado. Las medidas de protección se extendieron a ambientalistas, guardaparques y periodistas que participaron en el proceso.