El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O, disponiendo la finalización de la prórroga de las máximas autoridades que continuaban en funciones tras el cumplimiento de su mandato. Concretamente, la medida afecta a los magistrados del TCP: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, y Karem Lorena Gallardo Sejas. Esta decisión busca restaurar la independencia de poderes ante lo que el TCP considera un intento de someter a la justicia a intereses personales de poder.

El Auto Constitucional 0087/2025-O establece que el cese de funciones de los magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez) se ejecutará dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación con el fallo. Este tiempo se otorga para el despacho de las causas pendientes de resolución cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo. Adicionalmente, el TCP dispone mantener firmes y vigentes todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

En su comunicado, el TCP justificó que la prórroga se realizó en cumplimiento de la Constitución y que fue crucial para revertir la decisión de anteriores magistrados que resolvieron que la reelección indefinida era un derecho humano, frenando una fuente de conflictividad social. Además, el Tribunal destaca su rol al garantizar el proceso democrático en las elecciones de 2025, señalando que hizo un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y frenó más de 16 recursos que pretendían paralizar el proceso electoral en medio de presiones políticas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional indicó que la necesidad material de emitir este Auto Constitucional surge ante un "nuevo contexto constitucional" con la conformación y vigencia de una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Los magistrados concluyen que cumplieron su rol ante la historia al no entregar el poder constitucional al sistema político, frenar la reelección indefinida y garantizar el proceso democrático, marcando un momento decisivo para el Órgano Judicial en Bolivia.