Un tribunal boliviano decidió este viernes mantener la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, desestimando así la recomendación emitida en marzo por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

La audiencia duró cerca de dos horas y concluyó con el rechazo al pedido de cesación presentado por su defensa.

“El cese ha sido negado. Esa opinión no es vinculante, no proviene de una autoridad competente ni de un Tribunal, y tampoco refleja necesariamente la posición oficial de la ONU o del Alto Comisionado”, explicó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

La defensa de Camacho, encabezada por el abogado Martín Camacho, lamentó la decisión y cuestionó que el Tribunal no haya reconocido la resolución 50/2024 del Grupo de Trabajo de la ONU. “Dicen que no se conocía su autor o que no estaba firmada, lo cual no corresponde. Esta negativa puede tener consecuencias a nivel internacional. Vamos a remitir el acta ante la ONU y sus Estados miembros para que se inicien procesos en el ámbito internacional”, declaró el abogado.

El informe de la ONU, difundido el 31 de marzo, calificó de ilegal la detención de Camacho y pidió que sea juzgado en libertad, al considerar que se vulneraron sus derechos.

El documento también tomó en cuenta declaraciones públicas del presidente Luis Arce y de un viceministro sobre el caso.

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, criticó la decisión judicial y advirtió sobre el impacto internacional del caso. “Más que riesgos procesales, la comunidad internacional está diciendo que ha sido ilegal la detención de Luis Fernando Camacho. Nos estamos aislando como país”, afirmó.

Tras la audiencia, los abogados y dirigentes cívicos fueron hostigados por funcionarios públicos en la calle Yanacocha, mientras que Camacho fue retirado por otra puerta, escoltado por la policía y trasladado en un minibús.