La Vicepresidencia del Estado Plurinacional expresó este miércoles un firme rechazo a la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de cerrar la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB). El secretario general de esta instancia, Freddy Vidovic, denunció que la medida, establecida mediante el Decreto Supremo 5519, representa un intento directo de frenar los avances tecnológicos que buscaban transparentar la gestión pública y reducir drásticamente los márgenes de corrupción en el aparato estatal.

Según Vidovic, es sospechoso que la liquidación de la entidad se produzca apenas cuatro días después de que la Vicepresidencia anunciara nuevos proyectos de transformación digital y la masificación de la firma digital como herramientas anticorrupción. Para el funcionario, el cierre de la ADSIB ocurre precisamente cuando los procesos de digitalización comenzaban a afectar intereses irregulares dentro de la administración pública, sugiriendo que la respuesta del Ejecutivo fue eliminar la institución para evitar mayores controles.

La crítica también apuntó a la forma de gestión del actual mandatario, calificándola como una "decretocracia" que debilita la institucionalidad democrática y se aparta del marco constitucional. Vidovic sostuvo que la lógica de "gobernar por decreto" está siendo utilizada para desarticular instancias que dependen de la Vicepresidencia, ahora a cargo de Edmand Lara, y centralizar el poder tecnológico en carteras que responden directamente al Ministerio de la Presidencia.

Con la aplicación del decreto, las competencias de la ADSIB, que incluían la administración exclusiva de los dominios ".bo" y la emisión de certificados para la firma digital, pasan a manos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC). No obstante, desde la Vicepresidencia se advierte que este traspaso de funciones bajo un contexto de confrontación política podría vulnerar la seguridad jurídica y la validez legal de las transacciones digitales que la ADSIB garantizaba hasta la fecha.

Finalmente, el pronunciamiento oficial de la Vicepresidencia marca una nueva brecha en la relación con el Ejecutivo, al señalar que la lucha contra la corrupción a través de la tecnología ha sido bloqueada por intereses políticos. La situación deja en incertidumbre el futuro de los proyectos de transparencia digital que estaban en marcha, mientras la sociedad civil y los sectores tecnológicos observan con cautela el impacto que tendrá esta reestructuración en la soberanía digital del país.