La Justicia determinó la detención preventiva de un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco de la investigación por la presunta compra de crudo con sobreprecio a la empresa Trafigura. El imputado cumplirá la medida cautelar en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

La decisión fue asumida por un juez de medidas cautelares durante una audiencia en la que se analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público. El fiscal Omar Yujra informó que la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del investigado mientras avanzan las pesquisas sobre el caso.

De acuerdo con la investigación, el funcionario identificado como José A. formaba parte de la Comisión Calificadora de Contratos de YPFB y tenía la responsabilidad de revisar documentación y propuestas presentadas por empresas interesadas en los procesos de adjudicación para la importación y compra de crudo correspondiente a la gestión 2026.

Según explicó el fiscal, el investigado habría integrado la comisión encargada de validar los precios que posteriormente permitieron la suscripción del contrato con la empresa Trafigura. Por este motivo, fue aprehendido dentro de las investigaciones que buscan establecer posibles responsabilidades en la contratación observada.

La Fiscalía sostiene que el funcionario participó en el proceso de selección y evaluación de propuestas, aspecto que ahora forma parte de las indagaciones relacionadas con la presunta adquisición de crudo a costos superiores a los registrados en anteriores gestiones.

La investigación fue abierta a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara y legisladores, quienes señalaron presuntas irregularidades en los costos de importación de crudo efectuados por la estatal petrolera.

Los denunciantes sostienen que YPFB habría realizado la compra de crudo con un sobreprecio significativo en comparación con operaciones similares realizadas en años anteriores, situación que podría derivar en un posible daño económico al Estado.

Mientras continúan las investigaciones, el Ministerio Público busca establecer el grado de participación de las personas involucradas en el proceso de contratación y determinar si existieron responsabilidades en la validación y adjudicación de los contratos observados.