La Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores aprobó este viernes el proyecto de ley de diferimiento de créditos, que busca otorgar un alivio temporal a los prestatarios afectados por dificultades económicas. La norma, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 12 de septiembre, fue remitida al pleno del Senado para su tratamiento final.

El senador Wálter Justiniano, miembro de la comisión, explicó que el término “diferimiento” fue reemplazado por “periodo de gracia”, el cual —según indicó— resulta más beneficioso para los deudores.

“No hay diferimiento de créditos, el diferimiento se ha reemplazado por ‘periodo de gracia’ y eso también es más beneficioso para los prestatarios. La paralización inmediata de los remates, si se sanciona la próxima semana, tiene que parar, así como todos los embargos y remates, sería por seis meses para todas las medidas”, señaló el legislador.

El proyecto de ley 547/2024-2025, denominado “Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”, establece la paralización de remates y procesos judiciales para prestatarios que se encuentren en mora, evitando así la pérdida de sus bienes.

“La ley es solo para la mora; los que están pagando no entran a la ley”, aclaró Justiniano.

El senador también destacó que la comisión trabajó en consenso con todos los sectores involucrados, incluyendo prestatarios y entidades financieras, con el objetivo de equilibrar los intereses y evitar perjuicios a las partes.

“Se ha hecho consenso, hubo reuniones con los prestatarios, las entidades financieras, Asoban, Asofin, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la ASFI y las agencias de seguros. Con todos se ha reunido la comisión”, enfatizó.

Pese a estos acuerdos, el sector empresarial había solicitado postergar el tratamiento del proyecto hasta el próximo gobierno, argumentando que su aplicación podría afectar al sistema financiero y generar un desequilibrio económico en las entidades bancarias.