El Ministerio Público sostiene la imputación sin importar el distrito, mientras el ala "evista" exige que se cumpla la decisión de trasladar el caso desde Tarija

Una nueva resolución judicial reavivó el debate legal en torno al proceso por presunta trata de personas contra el expresidente Evo Morales. Una jueza de Santa Cruz ordenó la anulación de la orden de aprehensión en su contra y dispuso el traslado del caso a la jurisdicción de Cochabamba, lugar de residencia del líder cocalero.

Ante este panorama, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que el Ministerio Público mantendrá la imputación formal contra Morales en la jurisdicción donde finalmente se radique el proceso. No obstante, recordó que existen dos fallos judiciales contradictorios: el de la jueza cruceña y otro anterior de un juez de La Paz, que había determinado que el proceso continúe en Tarija.

“El Ministerio Público va a sostener la imputación formal donde deba llevarse adelante este proceso penal”, declaró Mariaca.

Desde el ala "evista" del Movimiento al Socialismo, el abogado Wilfredo Chávez exigió que se cumpla con el fallo más reciente. “La Fiscalía debe leer la resolución y proceder al traslado del caso a Cochabamba. No corresponde que se inventen mecanismos para mantenerlo en Tarija”, manifestó este viernes.

Chávez aseguró que, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronuncie sobre la decisión de la jueza de Santa Cruz, no hay forma legal de revivir el proceso en Tarija. También advirtió que ese tipo de decisiones pueden tardar años.

El caso contra Evo Morales se originó a raíz de una denuncia por el presunto delito de trata de personas. La acusación sostiene que, durante su mandato presidencial, Morales habría tenido una relación con una menor de edad oriunda del Chaco tarijeño, quien además habría quedado embarazada.