El abogado Wilmer Vásquez, asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), presentó este miércoles ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud para cancelar la personería jurídica del partido Unidad Nacional (UN), liderado por Samuel Doria Medina, bajo el argumento de que incurrió en un presunto acto de discriminación.

Según Vásquez, la petición se ampara en el artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que contempla como causal de cancelación la participación institucional en actos de racismo o discriminación que hayan sido sancionados y sentenciados conforme a la normativa vigente. El abogado recordó que cualquier persona natural o jurídica está facultada para interponer este tipo de denuncias.

La acusación hace referencia a una declaración atribuida a Doria Medina, en la que habría señalado que la exministra de Comunicación Marianela Paco estaba “haciendo méritos para ser la peor del gabinete”, comentario que el jurista calificó como discriminatorio, aunque no brindó mayores detalles sobre el episodio.

En 2016, la entonces ministra Paco ya había presentado una denuncia ante el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación contra Doria Medina y otros opositores, por mensajes supuestamente racistas difundidos en redes sociales. No obstante, UN niega haber recibido ninguna sanción al respecto.

En respuesta a esta nueva acción legal, Unidad Nacional emitió un comunicado firmado por su presidenta Elizabeth Reyes, en el que se expresa un rechazo categórico. “Rechazamos con indignación la judicialización de las elecciones a la que están entregado un grupo de personas con intereses oscuros y antidemocráticos, que recurren, sin vergüenza alguna, a argumentos falsos para impedir nuestra participación democrática”, afirma el texto.

Asimismo, el partido enfatizó que ni la organización ni sus dirigentes cuentan con alguna sentencia en su contra por racismo o discriminación.

Vásquez, por su parte, comparó esta situación con la que vivió el FPV en el pasado, cuando no pudo registrar candidaturas debido a la cancelación de su personería jurídica, y remarcó que “la ley debe aplicarse a todos”.