El gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, ha añadido a varios funcionarios latinoamericanos a su lista de personas prohibidas de ingresar al país, como parte de su lucha contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

Esta lista forma parte del mecanismo implementado por Washington para sancionar a aquellos involucrados en la obstrucción de la democracia, la corrupción y la vulneración de derechos fundamentales en sus respectivos países.

Entre los más destacados de la lista se encuentran figuras como el dictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, los líderes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el exmandatario paraguayo Horacio Cartes, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, y el ex presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli.

Asimismo, la exmandataria argentina Cristina Kirchner, su exministro Julio De Vido, y varios miembros del entorno político ecuatoriano, como el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas, también figuran en la lista.

Estas sanciones tienen su origen en acusaciones de corrupción y prácticas antidemocráticas en diversos países de la región. El caso de Kirchner y De Vido, implicados en un escándalo de corrupción por el desfalco de millones de dólares a través de contratos de obras públicas, refleja la postura de Estados Unidos frente a la corrupción en América Latina.

Además, los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala han sido igualmente afectados por estas sanciones, con varios funcionarios señalados por malversación de fondos públicos y complicidad con actividades criminales.

Entre ellos destacan Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional de Guatemala, y José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, ambos acusados de involucrarse en prácticas corruptas y criminales.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha sido señalado por su represión a la oposición y la manipulación del sistema judicial. Varios funcionarios, como Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, fueron sancionados por su apoyo a leyes restrictivas que limitan la libertad de expresión y asociación.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Lista Engel, ha reafirmado su compromiso con la democracia y la lucha contra la corrupción en América Latina. La administración de Joe Biden, continuadora de esta política, defiende estas medidas como parte de su misión de promover los derechos humanos y la justicia en la región, aunque estas sanciones han generado tensiones diplomáticas con los gobiernos afectados, que consideran las restricciones como una injerencia en sus asuntos internos.

En medio de esta creciente controversia, la Lista Engel sigue siendo una herramienta clave para Estados Unidos en su esfuerzo por frenar el autoritarismo y la corrupción en América Latina, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger los principios democráticos y el Estado de derecho.