El Gobierno amplió de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importación de combustibles y el precio interno, mediante el Decreto Supremo 5683.

La medida se conoce en un contexto marcado por dificultades en el abastecimiento de diésel y gasolina, filas en estaciones de servicio y reclamos de sectores productivos que dependen del combustible para sus actividades.

El incremento del monto autorizado no significa que el Estado ya haya desembolsado Bs 2.000 millones. Se trata de una ampliación del techo de recursos que podrán ser asignados a YPFB, de acuerdo con la disponibilidad financiera del TGN.

Según la norma, estos recursos tienen como finalidad cubrir el diferencial generado por la importación de combustibles, contribuir a garantizar el abastecimiento y mantener las medidas destinadas a estabilizar los precios internos.

Más recursos para cubrir el diferencial

Bolivia importa combustibles del exterior y los comercializa internamente bajo un esquema de precios regulados. Cuando el costo de importación supera el precio de venta interno, se genera una diferencia que debe ser cubierta.

Con el DS 5683, el Gobierno amplía la capacidad financiera para cubrir esa brecha y evitar que el mayor costo de los carburantes importados sea trasladado completamente al consumidor.

La medida llega además después de que el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, señalara que para la estatal resulta insostenible asumir por sí sola el costo de la subvención que todavía se mantiene y que las transferencias del TGN han contribuido a mejorar el abastecimiento.

Los reclamos por el diésel continúan

Pese a la ampliación de recursos, las dificultades con el abastecimiento de combustible continúan generando reclamos de diferentes sectores.

En Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó el esquema establecido mediante el DS 5676, que fija un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados grandes consumidores y usuarios directos.

El sector cuestiona además que el límite de 120 litros mensuales para acceder al precio regulado de Bs 9,80 sea insuficiente para las actividades productivas y exige la abrogación de la norma.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también expresó su rechazo al decreto y señaló que la medida afecta a los productores sin solucionar el problema de abastecimiento. La organización indicó que algunos productores llegan a adquirir diésel en el mercado informal a precios de entre Bs 15 y Bs 18 por litro.

Dos decretos con objetivos diferentes

El DS 5683 y el DS 5676 establecen mecanismos diferentes frente al problema de los combustibles.

Por un lado, el nuevo decreto amplía los recursos públicos disponibles para que YPFB pueda cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio interno.

Por otro, el DS 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro para determinados grandes consumidores, con el objetivo de reducir la carga fiscal asociada al costo de importación.

De esta manera, el Gobierno amplía el respaldo financiero a YPFB mientras mantiene una medida que busca que determinados consumidores asuman una mayor parte del costo del combustible.

El nuevo techo no garantiza por sí solo mayor abastecimiento

La ampliación de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones representa una mayor disponibilidad de recursos para YPFB, pero no significa por sí misma que se solucionen las dificultades de abastecimiento.

La estatal todavía debe afrontar los costos relacionados con la importación, la disponibilidad de divisas, el traslado y la distribución de los carburantes en el país.

Por ello, el monto autorizado establece un mayor margen financiero para cubrir el diferencial, mientras persisten los cuestionamientos de los sectores productivos por el acceso y el precio del diésel.

El dato central ahora será cuánto de los recursos autorizados será efectivamente utilizado por YPFB y cuál será el impacto de esta medida sobre el abastecimiento y las cuentas públicas.