El Gobierno anunció que invertirá el 90% de un crédito de 240 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en la construcción de presas, embalses y sistemas de distribución de agua, como parte del Programa de Presas Resilientes, que busca enfrentar los efectos del cambio climático y reducir la pobreza rural.

El 10% restante del financiamiento será destinado a los municipios que carecen de acceso al agua. “El objetivo es regular el volumen hídrico y garantizar agua para el consumo humano y la producción agrícola”, explicó este jueves el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, al presentar los alcances del programa.

El proyecto está diseñado para incrementar la disponibilidad de agua en macrocuencas del país, beneficiando principalmente a pequeños agricultores mediante un sistema de riego sostenible. También contempla ampliar la superficie cultivable, afectada por las constantes sequías derivadas del cambio climático.

Ruiz destacó que la iniciativa contribuirá a la seguridad alimentaria, además de mitigar los impactos negativos en los sistemas hidrológicos y la economía local de miles de familias rurales.

No obstante, el programa será enviado a la Asamblea Legislativa en un contexto complicado, ya que recientemente legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo y de la oposición rechazaron un crédito de $us 100 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), destinado a la atención de desastres naturales y el voto en el exterior.

Actualmente, hay 14 proyectos de ley para la aprobación de créditos internacionales pendientes en el Legislativo, por un total superior a los $us 1.600 millones. Algunos parlamentarios consideran que el país está asumiendo demasiadas obligaciones externas.

Pese a las resistencias, el ministro Ruiz pidió que el crédito para las presas resilientes sea tratado con celeridad, dada su importancia estratégica. “Esperamos que sea aprobado a la brevedad posible”, sostuvo.

La CAF, como banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, respalda este tipo de programas destinados a enfrentar los desafíos del cambio climático y fortalecer la infraestructura hídrica en la región.