Gobierno y COB instalarán diálogo en busca de una salida al conflicto que cumple 48 días
El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) tienen previsto instalar este miércoles una mesa de diálogo en la Casa Grande del Pueblo con el objetivo de buscar soluciones al conflicto social que se prolonga desde hace siete semanas y que ha generado millonarias pérdidas económicas en el país.
La reunión fue convocada para las 09:00 como respuesta a la conminatoria presentada por la COB, que en los últimos días hizo público un pliego de demandas resumido en ocho puntos. Entre las principales exigencias se encuentran el compromiso de no avanzar en procesos de privatización, la posibilidad de fiscalizar normas antes de su aprobación y el rechazo a la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, la organización sindical solicita transparencia en las negociaciones que el Gobierno mantiene con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento también plantea una serie de medidas orientadas a enfrentar la actual situación económica que atraviesa el país.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participará en el encuentro como garante del diálogo, según confirmaron fuentes de la Fiscalía. Desde el Gobierno señalaron que existe predisposición para analizar cada uno de los planteamientos realizados por la COB, aunque aclararon que cualquier acuerdo deberá respetar el marco legal vigente y la Constitución Política del Estado.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó que la reunión busca convertirse en una mesa de concertación y construcción de soluciones, destacando la importancia del diálogo para avanzar hacia la pacificación del país. Asimismo, indicó que el Ejecutivo ya realizó un análisis preliminar de las demandas presentadas por el ente matriz de los trabajadores.
El encuentro se desarrollará en medio de una creciente preocupación por los efectos económicos de las movilizaciones y bloqueos, que según distintos sectores productivos ya provocaron pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares y afectan a diversas actividades económicas en varias regiones del país.
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