Una supuesta boda entre dos menores de edad en Guerrero genera controversia y alerta sobre prácticas que vulneran los derechos infantiles

Una celebración que aparenta ser una boda entre dos adolescentes, de aproximadamente 12 años, desató indignación este martes 6 de mayo tras la difusión de videos en redes sociales. El evento ocurrió el pasado domingo 4 de mayo en el poblado de San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, estado de Guerrero, donde decenas de personas asistieron a la fiesta en la que se observa a los menores vestidos como novios, bailando y rodeados de invitados que incluso consumían bebidas alcohólicas.

El caso ha reavivado el debate sobre los matrimonios infantiles en México, una práctica que, aunque prohibida por ley, persiste en ciertas regiones bajo el amparo de “usos y costumbres”. En Guerrero, el artículo 177 Bis del Código Penal establece penas de 5 a 15 años de prisión y multas de hasta 750 UMAs para quienes promuevan o permitan matrimonios con menores. Además, contempla penas adicionales para quienes induzcan al matrimonio forzado.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha alertado que Guerrero se encuentra entre las entidades con mayor número de mujeres indígenas unidas antes de los 18 años.

Frente a la controversia, el titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, aclaró que no hubo registro civil ni participación oficial en la supuesta boda. “Lo que ocurrió fue una fiesta organizada por las familias, posiblemente como una promesa de futuro compromiso, pero sin validez legal”, explicó en entrevista con El Sol de Acapulco.

Barreto reafirmó que, desde la reforma impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado, el matrimonio infantil está prohibido en todo el estado. Añadió que los oficiales del Registro Civil tienen órdenes estrictas de no celebrar uniones entre menores de edad, y que, de haberse intentado un acto formal, el presidente municipal correspondiente habría sido notificado para tomar medidas disciplinarias.

El funcionario también reconoció la existencia de prácticas tradicionales en algunas comunidades, pero enfatizó que “por la vía civil, no hay ninguna boda registrada ni válida” en este caso.

El hecho ha generado un amplio debate social sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas de protección a la infancia y supervisar más de cerca las prácticas comunitarias que puedan vulnerar los derechos de los menores.