La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos, presuntamente vinculados a pandillas, que serían enviados desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La decisión fue criticada por el juez conservador Samuel Alito, quien la consideró apresurada y jurídicamente dudosa.

Alito cuestionó que la resolución se haya emitido “literalmente en mitad de la noche”, sin permitir una audiencia adecuada para la parte contraria. Según el magistrado, el fallo se produjo apenas ocho horas después de recibir la demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que actuó para evitar lo que calificó como una “expulsión inminente”.

La medida del gobierno de Donald Trump se apoyó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal raramente utilizado y asociado a contextos de guerra. Bajo esta normativa, el expresidente ordenó la captura de supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua y su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en San Salvador y considerado la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 internos.

En otro caso reciente, la Corte Suprema también instruyó al Ejecutivo a facilitar el retorno de un migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a su país en marzo. Ábrego contaba con un estatus legal protegido desde 2019, debido al riesgo que enfrentaba en su país de origen. Pese a que el gobierno de Trump admitió un “error administrativo”, el expresidente afirmó públicamente que el migrante era miembro de una banda criminal, incluso compartiendo en redes sociales una imagen editada donde se le atribuían tatuajes alusivos a pandillas.

La decisión de la Corte, en ambos casos, ha generado un amplio debate sobre el uso de leyes antiguas para justificar acciones migratorias agresivas y sobre la necesidad de salvaguardar el debido proceso para los extranjeros en territorio estadounidense.