El juez Marcelo Cortez Candia, del Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, emitió un mandamiento de apremio contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Rojas. La decisión se enmarca en un proceso iniciado por extrabajadores de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), quienes reclaman el pago de finiquitos laborales pendientes desde el cierre de la entidad.

La orden judicial instruye a cualquier efectivo policial a proceder con la aprehensión del ministro Montaño y disponer su traslado inmediato a las celdas de la carceleta de Buena Vista, donde deberá permanecer hasta que se concrete el pago de Bs 55.189.880. Este monto corresponde a beneficios laborales adeudados a los exempleados.

El mandamiento lleva la firma del juez Cortez y forma parte de una acción de ejecución forzosa promovida por los exempleados de SABSA, quienes sostienen una larga disputa legal en defensa de sus derechos laborales. La empresa fue cerrada hace varios años, pero las obligaciones laborales con su personal aún no han sido resueltas en su totalidad.

Este hecho marca un nuevo capítulo en el conflicto legal que enfrenta el Estado con los trabajadores afectados por el cierre de SABSA, empresa que operaba los principales aeropuertos del país. Los extrabajadores han insistido en que se cumplan los fallos judiciales que les reconocen el derecho a recibir sus beneficios sociales.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Obras Públicas respecto a la orden judicial. La situación genera un precedente inusual en la relación entre el poder judicial y autoridades del nivel central de gobierno.