El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Richard Flores Córdova, fue aprehendido por el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), luego de que el Ministerio Público emitiera una orden en su contra. La detención se da en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos durante su periodo de gestión al frente de la institución estatal, que administra recursos vitales para la seguridad alimentaria.

La orden de aprehensión, emitida el 29 de septiembre de 2025, establece que Flores Córdova está siendo investigado por la presunta comisión de tres delitos principales: Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal), Conducta Antieconómica (Art. 224 del Código Penal) y Enriquecimiento Ilícito (Art. 27 de la Ley N.º 004, de Lucha Contra la Corrupción). La gravedad de los cargos subraya la seriedad de las irregularidades que se le imputan en el manejo de fondos públicos.

La medida fue ejecutada por el DELCC, dependiente de la Fiscalía General del Estado, dentro del proceso identificado con el CUD N.º 201102012504056. La acusación central que pesa sobre el exgerente es la de haber incurrido en irregularidades administrativas durante su gestión en EMAPA. Se presume que estas acciones habrían comprometido el patrimonio de la empresa estatal, causando un cuantioso daño económico al Estado boliviano.

El documento oficial del Ministerio Público, librado en la ciudad de La Paz, manda y ordena a cualquier funcionario policial que proceda a la aprehensión del ciudadano, respetando sus derechos y garantías constitucionales. Este paso legal marca una nueva fase en la lucha contra la corrupción, poniendo bajo la lupa la administración de empresas públicas estratégicas como EMAPA y la rendición de cuentas de altos funcionarios.

Analistas señalan que este caso será seguido de cerca por la opinión pública, dado que se trata de una empresa clave para la producción y el abastecimiento de alimentos. La investigación busca determinar la magnitud del presunto daño económico y sentar un precedente sobre la transparencia en el manejo de recursos estatales, especialmente aquellos destinados a la producción nacional.