El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este sábado que el Gobierno nacional aún no ha definido una fecha exacta para que las fuerzas del orden ejecuten la intervención en la región del trópico de Cochabamba, una medida que se planifica tras la reciente declaratoria del Estado de excepción en todo el territorio nacional. Ante las consultas de los medios de comunicación sobre la realización de operativos de seguridad en la zona del Chapare, la autoridad fue clara al señalar la determinación del Órgano Ejecutivo: “No podemos dar fecha, pero sí podemos decir que la ley se va a cumplir”.

Las afirmaciones del titular de la cartera de Defensa se sumaron a las declaraciones previas vertidas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien ratificó de forma contundente que el Estado de excepción posee un carácter y alcance estrictamente nacional, concluyendo de manera categórica “lo que quiere decir que si se va a intervenir el trópico, se va a intervenir”.

En este sentido, Justiniano argumentó que, por razones de estrategia y resguardo, no es factible revelar públicamente las acciones logísticas que se implementarán en el corto plazo. “No podemos anunciar medidas de seguridad, pero sí estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y no exista territorio de nadie. No pueden existir espacios donde el Estado no tenga presencia; la presencia del Estado es para ordenar, proteger a los pueblos y para aplicar la lucha contra el narcotráfico”, aseveró de forma enfática el ministro de Defensa.

Por su parte, el ministro Oviedo apuntó de manera directa contra el exmandatario y líder de los sectores cocaleros del trópico, Evo Morales, a quien acusó públicamente de haber cometido diversos ilícitos durante el desarrollo de los bloqueos de carreteras en el país. De acuerdo con el titular de Gobierno, Morales habría incurrido en delitos de “terrorismo, narcotráfico, violencia, daño a la economía nacional y muertes en las carreteras”, razón por la cual anunció de manera formal el inicio de un proceso judicial en contra del dirigente por estas causas penales.