El presidente señaló que las familias de los fallecidos siguen esperando respuestas y llamó a los jueces a actuar con objetividad, tras decisiones que favorecieron a Camacho, Pumari y Áñez.

El presidente Luis Arce manifestó su “profunda preocupación” por lo que considera una deuda pendiente de la justicia boliviana con las víctimas de los hechos luctuosos de 2019. A través de sus redes sociales, recordó que organismos internacionales calificaron estos sucesos como masacres y crímenes de lesa humanidad, instando a los jueces a actuar con objetividad.

“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente”, expresó el mandatario, enfatizando que el dolor de las familias que aún lloran a sus seres queridos exige una respuesta justa y oportuna.

Arce criticó que, pese al reconocimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los crímenes no hayan recibido el debido tratamiento judicial. “Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad no reciban la atención que corresponde”, señaló.

El mensaje del mandatario se produjo tras recientes decisiones judiciales en los casos vinculados al denominado Golpe de Estado I. El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso la libertad pura y simple del exdirigente cívico Marco Pumari y la detención domiciliaria para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. A ello se sumó el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, que anuló el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata, ordenando que los antecedentes pasen a la Fiscalía General del Estado para un eventual juicio de responsabilidades.

Estas resoluciones fueron rechazadas por familiares de las víctimas. Gloria Quisbert, representante de los afectados en Senkata, denunció que “el juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos”. En la misma línea, el activista David Inca acusó al Tribunal Supremo de Justicia de dejar en indefensión a las víctimas.

Las organizaciones anunciaron que acudirán a la CIDH en busca de mecanismos internacionales que garanticen el acceso a la justicia. Arce, por su parte, reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar a las familias y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en 2019.