La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó este sábado la muerte de siete menores de edad reclutados por grupos armados en el bombardeo más letal ordenado hasta ahora por el presidente Gustavo Petro, en medio de crecientes presiones internas y externas sobre su política de seguridad.

Los menores fallecieron durante un ataque aéreo anunciado el martes contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de las extintas FARC— en el departamento de Guaviare, operación que dejó un total de 20 muertos y se convirtió en la más contundente ofensiva militar del actual gobierno.

En la última semana, los bombardeos contra grupos armados suman 28 fallecidos, una escalada que coincide con críticas preelectorales y con la decisión de Estados Unidos de retirar a Colombia el certificado de país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Defensoría: “Es la guerra en su despliegue doloroso”

La defensora del pueblo, Iris Marín, lamentó profundamente la muerte de los menores y advirtió sobre la doble responsabilidad que enfrenta el Estado frente a ellos: “Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, expresó en un audio enviado a la prensa.

Marín señaló como responsables principales a las estructuras guerrilleras que reclutan niños por la fuerza, pero también enfatizó que las fuerzas militares deben extremar medidas para evitar afectaciones a la población infantil, incluso en operaciones contra grupos armados.

El rol del EMC y el liderazgo de ‘Iván Mordisco’

Los menores estaban en un campamento bajo control de la disidencia liderada por alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país. El EMC, conformado por unos 3.200 combatientes, se apartó del acuerdo de paz firmado en 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano.

Las autoridades sostienen que esta disidencia mantiene actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en varias regiones del país.

Presiones sobre Petro en la antesala electoral

La muerte de menores en operativos militares vuelve a generar un intenso debate político en Colombia. A dos años de las elecciones presidenciales de 2026, Petro enfrenta una ola de críticas de la oposición, que lo acusa de inconsistencias en su estrategia de seguridad y de haber sido indulgente con grupos armados durante su fallida apuesta por una salida negociada al conflicto.

La presión también proviene de Washington, que exige resultados contundentes contra el narcotráfico tras retirar su certificación de apoyo.

En medio de este escenario, los bombardeos del gobierno han aumentado, marcando un giro hacia una estrategia más ofensiva.