El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, rechazó las acusaciones vertidas por el exmiembro policial y actual vicepresidente del Estado, Edman Lara, y aseguró que la institución actuó en todo momento dentro del marco legal vigente, descartando cualquier encubrimiento en los casos denunciados.

Durante una conferencia de prensa, Sokol afirmó que su intervención tuvo como objetivo “desmentir todas las acusaciones y las mentiras” difundidas por Lara, aclarando que no se trata de una confrontación política, sino de una defensa institucional y de la verdad.

El jefe policial explicó que la institución siguió los procedimientos establecidos desde que recibió un reporte de inteligencia el 21 de enero. Señaló que, tras verificar la información, el caso fue formalizado mediante un informe oficial el 13 de febrero y remitido a instancias como la Inspectoría Policial, el sistema disciplinario y el Ministerio Público. En ese sentido, sostuvo que no hubo inacción ni encubrimiento, ya que el proceso se activó conforme a la normativa y dentro de los plazos.

Asimismo, Sokol desmintió la acusación de que el caso se habría mantenido en reserva para proteger a los implicados, indicando que la confidencialidad inicial responde al tratamiento técnico de un reporte de inteligencia, el cual debe ser validado antes de adquirir valor jurídico.

La autoridad también informó que existen procesos penales y disciplinarios en curso contra dos oficiales, entre ellos un capitán que fue aprehendido en Santa Cruz y se encuentra a disposición del Ministerio Público.

En otro momento, cuestionó la credibilidad de Lara, señalando que fue dado de baja de la institución sin derecho a reincorporación tras acumular antecedentes disciplinarios. Además, rechazó acusaciones de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, y presentó cifras de operativos realizados en los últimos meses, incluyendo incautaciones de droga, detenciones y desarticulación de organizaciones criminales.

Finalmente, el comandante advirtió que se iniciarán acciones legales contra quienes difundan información falsa que afecte la imagen institucional, remarcando que no se permitirá que se ponga en duda la transparencia e integridad de la Policía Boliviana.