El presidente Donald Trump, defensor del lema "Estados Unidos primero", ha prolongado el plazo para que la petrolera Chevron liquide sus operaciones en Venezuela, mientras anuncia un arancel del 25% para los países que comprende petróleo o gas venezolano. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

El 26 de febrero, Trump había anunciado el fin de la licencia que permitiría a Chevron operar en Venezuela, otorgando inicialmente un plazo hasta el 3 de abril para que la compañía cerrara sus operaciones de manera ordenada. Sin embargo, tras los esfuerzos de los directivos de Chevron para convencer a la administración republicana, el plazo se ha extendido hasta el 27 de mayo, según la nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Trump, conocido por su inclinación hacia los aranceles, ha declarado que cualquier país que realice transacciones de petróleo o gas con Venezuela estará sujeto a un arancel del 25% sobre cualquier comercio con Estados Unidos. En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que "Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos", justificando así la imposición de este nuevo arancel.

La medida ha sido calificada por Caracas como una "nueva agresión" de Washington. El presidente Maduro respondió que, aunque pueden imponer sanciones y aranceles, "no podrán sancionar el amor y el patriotismo del pueblo venezolano". Venezuela, que es el tercer proveedor de petróleo a Estados Unidos, ha seguido exportando a otros países, incluyendo 500.000 barriles diarios a China y 240.000 a Estados Unidos en febrero.

Trump ha argumentado que la imposición del "arancel secundario" se basa en razones migratorias, alegando que Venezuela ha enviado a Estados Unidos a "decenas de millas de delincuentes de alto rango". Sin embargo, no ha presentado pruebas concretas para respaldar estas afirmaciones.

La tensión entre Caracas y Washington ha aumentado recientemente, especialmente tras la designación de la pandilla Tren de Aragua como organización terrorista y el envío de 238 venezolanos acusados de pertenecer a este grupo a una megacárcel en El Salvador.