El desarrollo de la industria del litio en Bolivia, considerada una de las mayores promesas para la diversificación y recuperación económica del país, enfrenta nuevamente obstáculos en el ámbito político.

La falta de consenso en la Asamblea Legislativa postergó indefinidamente el tratamiento del contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, el cual contempla la instalación de dos plantas industriales y una producción anual escalonada de 35.000 toneladas de carbonato de litio.

A ello se suma que la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados debatirá recién hoy otro contrato clave: el acuerdo de asociación accidental entre YLB y Uranium One Group, subsidiaria del grupo estatal ruso Rosatom, para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni.

Ambos convenios forman parte del plan estratégico del Gobierno para avanzar hacia una industrialización acelerada del litio, pero aún no cuentan con la validación legislativa necesaria para su ejecución.

El experto boliviano en temas de litio, Carlos Cardona, advirtió que la excesiva politización del tema está afectando seriamente el avance de los proyectos. "La politización siempre va a estar presente. Lo importante es que se utilice a favor de la iniciativa mayor, que es que Bolivia comience la explotación del litio con tecnología EDL", señaló. En ese marco, sugiere que desde el ámbito político se debería negociar para subsanar las observaciones existentes a los contratos, en lugar de detener su aprobación.

En la misma línea, el analista e investigador Francesco Zaratti consideró que existe una fuerte carga ideológica en el debate sobre las alianzas internacionales para explotar el litio. "No hay que satanizar las inversiones provenientes del exterior. Ha habido y hay mucha ideología y poca realidad. Se necesita ser realistas y pragmáticos", afirmó.

Ambos analistas coinciden en que Bolivia no puede seguir perdiendo tiempo en disputas políticas internas, mientras países vecinos como Chile y Argentina consolidan su liderazgo en la producción de litio a nivel global.

La demora en la aprobación de contratos, en opinión de los expertos, revela un patrón preocupante: decisiones estratégicas de largo plazo están siendo obstruidas por agendas políticas de corto alcance. En lugar de evaluar los convenios sobre la base de sus beneficios tecnológicos, ambientales y económicos, se privilegian los cálculos partidarios y los enfrentamientos ideológicos.

Más allá de las legítimas exigencias de transparencia y control legislativo, los analistas sostienen que Bolivia necesita avanzar con rapidez pero con pragmatismo y responsabilidad. Eso implica aplicar criterios técnicos, negociar condiciones favorables para el país, exigir garantías ambientales y sociales a las empresas asociadas y, sobre todo, asumir que el desarrollo del litio es una política de Estado, no un botín de disputa política.

Mientras el mundo acelera la transición energética, la ventana de oportunidad para Bolivia no estará abierta indefinidamente. La capacidad del país para atraer inversión, generar empleo y aprovechar sus recursos estratégicos dependerá en gran medida de su madurez política y de su voluntad para tomar decisiones pragmáticas.