El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó públicamente la decisión de la juez Lilian Moreno, quien habría anulado el mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Afirmó que ni su despacho ni la Policía Boliviana fueron notificados oficialmente sobre dicha resolución.

“Esta actuación irresponsable de la juez en Santa Cruz constituye un hecho penal”, manifestó Del Castillo ante los medios, refiriéndose a la medida como una “payasada” que, según él, está tipificada en el Código Penal boliviano. Precisó que existe una sanción legal de entre dos a seis años de cárcel por desobedecer resoluciones emitidas en acciones de libertad o fallos constitucionales.

El ministro sostuvo que continúa el despliegue de operaciones de inteligencia y acciones policiales en el trópico de Cochabamba, zona donde se presume que se encuentra Morales. Además, mencionó que ya existe una determinación previa emitida en La Paz que establece que el proceso judicial debe desarrollarse en Tarija.

Del Castillo criticó que la juez haya ignorado esta resolución, señalando que al hacerlo estaría obligando a las víctimas a trasladarse al trópico cochabambino, un hecho que considera inapropiado. Como respuesta legal, anunció que el Ministerio de Gobierno interpondrá un recurso de queja ante el Tribunal de Garantías para que se revise la resolución emitida en Santa Cruz, anticipando que esta podría quedar sin efecto.