El exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia reveló que entre 2015 y 2016, por instrucción de la Fiscalía General del Estado, se excluyó de la investigación del millonario desfalco al Fondo Indígena a varios técnicos impuestos por organizaciones sociales afines al MAS y al Gobierno de Evo Morales. Según su testimonio, estos funcionarios cumplían un rol clave en la aprobación irregular de proyectos y se quedaban con hasta el 10% de los recursos, lo que contribuyó a un daño económico estimado en Bs 4.000 millones.

Saravia relató que, tras asumir como jefe de la comisión de fiscales del caso, analizó durante un mes el expediente junto a otros fiscales y presentó un informe ante el entonces fiscal general Ramiro Guerrero, en el que se detallaban responsabilidades de miembros del directorio y de organizaciones sociales. Asegura que, pese a los indicios, se intentó frenar procesos contra técnicos y autoridades, aunque él logró imputar y enviar a la cárcel a la exministra Nemesia Achacollo, enfrentando oposición interna.

El exfiscal afirmó que estas acciones derivaron en represalias en su contra, que culminaron con su destitución y encarcelamiento. Además, señaló que los técnicos diseñaron estrategias administrativas para engañar a dirigentes comunitarios, quienes firmaban desembolsos sin respaldo y recibían dinero en cuentas personales, mientras la responsabilidad recaía sobre las comunidades. Abogados vinculados al caso sostienen que estos técnicos fueron impuestos por organizaciones del denominado “Pacto de Unidad”, lo que limitó la capacidad de control interno del Fondo Indígena.