El Gobierno boliviano manifestó su desacuerdo con el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó como arbitraria la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La administración de Luis Arce aseguró que dicho documento no tiene carácter vinculante y que el Estado no está obligado a cumplir sus recomendaciones.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia indicó que “Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada”. Además, enfatizó que esta instancia de la ONU es solo un organismo consultivo sin potestad para reemplazar los procedimientos judiciales internos del país.

El Gobierno recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya evaluó una solicitud de medidas cautelares a favor de Camacho, pero la rechazó al no encontrar evidencia suficiente de una vulneración a sus derechos.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU argumentó que la detención del gobernador cruceño “es arbitraria, puesto que se violó el principio de igualdad, al estar motivada por su opinión política”. Además, señaló que su privación de libertad contraviene artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe recomienda la liberación inmediata de Camacho, así como una indemnización y otras formas de reparación, además de la realización de una investigación independiente sobre las circunstancias de su detención.