La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este miércoles, en tiempo récord, una ley que busca garantizar la realización de las elecciones judiciales de 2024. La norma fue aprobada cerca de las 13:00 horas y fue derivada inmediatamente a la Cámara de Diputados para su revisión.

Aunque la sesión estaba convocada para tratar el tema de la conformación de comités y comisiones, los senadores decidieron modificar el orden del día, con el respaldo de más de dos tercios de los presentes, para tratar el tema de la Ley Excepcional y Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales.

La iniciativa fue planteada por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame. El artículo primero de la norma destaca que su objetivo es "garantizar" la realización de las elecciones judiciales y "ratificar" la "vigencia plena" de la Ley No 1549 de 6 de febrero de 2024, que avala todo el proceso de selección de magistrados judiciales.

En sus disposiciones, la ley establece que su fundamentación se basa en la Constitución Política del Estado, las leyes electorales 018 y 026, la Ley de las Judiciales y la sentencia constitucional plurinacional No 060/2023, que declaró inconstitucional un primer reglamento de preselección de postulantes.

La ley fue aprobada en medio de la controversia generada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el mismo día ratificó el fallo en el que declara desiertas las elecciones judiciales en varias regiones, como Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz, y Tarija. Además, el TCP determinó que la preselección de los postulantes realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional ha quedado precluida y no puede ser modificada.

El artículo 5 de la nueva ley establece que "corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizar el ejercicio del sufragio de toda la ciudadanía para las elecciones judiciales 2024, no pudiendo anularse, modificarse, declararse desierta, suspenderse por ninguna causa y ante ninguna instancia". La norma también precisa que todos los órganos del Estado, los partidos políticos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general tienen la corresponsabilidad en el desarrollo y vigilancia de estas elecciones.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, que en días previos había reunido a sus vocales para determinar las acciones a seguir, ratificó que acatará la suspensión parcial de las elecciones judiciales en los departamentos mencionados por el fallo del TCP. Sin embargo, el TSE destacó que seguirá adelante con el proceso en los departamentos donde el fallo no ha afectado el proceso.

La aprobación de esta ley se da en medio de la incertidumbre generada por las recientes decisiones del Tribunal Constitucional, que ha provocado que algunos sectores cuestionen la viabilidad del proceso electoral. No obstante, con la ley aprobada, se espera asegurar que las elecciones judiciales de 2024 se lleven a cabo sin contratiempos y conforme a lo estipulado en la normativa vigente.