El cuarto ampliado multisectorial, que reúne a productores, gremiales, transportistas y otros sectores, se lleva a cabo este miércoles en Tarija, donde se ultiman detalles para el paro nacional anunciado para el 10 de febrero en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos y confiscaciones.

En el encuentro, se afinan detalles para el paro nacional que realizarán los diferentes sectores el 10 de febrero si hasta ese día, el Gobierno no deroga la observada disposición.

En el encuentro anterior, realizado el 21 de enero, el ampliado ratificó su rechazo a esa disposición; y la calificó como “un atentado contra la propiedad privada y la producción”.

Este miércoles, el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que esa norma es considerada confiscatoria y atentatoria contra la seguridad jurídica. Anunció, además que toda la institucionalidad tarijeña se sumará al pedido de derogar la norma.

El lunes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se derogue la disposición adicional séptima de la Ley Financial.

La cuestionada disposición autoriza a las autoridades estatales a confiscar, decomisar y controlar los productos, alimentos y mercancías, con el objetivo de evitar el agio, la especulación y el contrabando.

Sin embargo, los sectores privados consideran que la norma es redundante; y temen que se la pueda utilizar de manera arbitraria.

El Gobierno convocó a los sectores a reuniones para socializar la norma; sin embargo, la mayoría de las organizaciones rechazó participar y se mantiene firme en su exigencia de derogación.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que se prevé reuniones con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y otras instituciones.

El Gobierno, por su parte, considera que el rechazo al diálogo y las movilizaciones anunciadas son una prueba de que existe un interés político; y no económico por parte de estos sectores.