La disputa por el ajuste fiscal enfrenta al ejecutivo y al legislativo; la corte ordena una mediación para evitar una crisis institucional

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil intervino este viernes en la creciente disputa fiscal entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional, al suspender temporalmente dos decretos enfrentados sobre el aumento del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) y convocar a una audiencia de mediación entre los poderes del Estado.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo participen en una audiencia programada para el 15 de julio, con el fin de alcanzar un acuerdo político que permita resolver el conflicto antes de decidir sobre la validez definitiva de las medidas cautelares.

El juez suspendió el decreto del Gobierno que elevaba el IOF sobre ciertas transacciones financieras, así como el decreto legislativo que intentaba anularlo, señalando que el conflicto contradice el principio constitucional de armonía entre poderes y que su resolución debe buscarse mediante el diálogo institucional.

La disputa se originó tras la publicación, en junio, de un decreto presidencial que aumentaba el IOF, con la finalidad de recaudar hasta 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares) para equilibrar las cuentas públicas. La medida fue rechazada por el Congreso, que aprobó un decreto para bloquear su aplicación. El Ejecutivo, por su parte, consideró que esta acción vulneraba sus atribuciones constitucionales en materia tributaria, y acudió al STF para preservar sus prerrogativas.

Las tensiones escalaron luego de declaraciones de Lula acusando a legisladores y sectores financieros de liderar una “rebelión” contra las propuestas fiscales. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, reprochó al Ejecutivo por fomentar la polarización y defendió que el rechazo legislativo respondía a la voluntad de la mayoría.

Tras la resolución judicial, ambas partes expresaron su respaldo a la mediación. El fiscal general, Jorge Messias, valoró la decisión como una salvaguarda del principio de separación de poderes, mientras que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, destacó la necesidad de cooperación para fortalecer las instituciones y estabilizar las finanzas públicas.

Desde el Legislativo, Motta calificó el fallo como una victoria parlamentaria que impidió el aumento del IOF, reafirmando el compromiso del Congreso con la estabilidad fiscal.

El conflicto debe resolverse antes del 22 de julio, fecha límite para la presentación del próximo informe presupuestario, en el que se definirá el volumen exacto de gastos que seguirán congelados. Si no se concreta el aumento del impuesto, el Gobierno advirtió que deberá sumar nuevos recortes a los 31.000 millones de reales ya suspendidos, dentro de un plan más amplio para recaudar más de 30.000 millones de reales hasta 2026 y alcanzar un resultado primario equilibrado.