El Gobierno boliviano, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, ha presentado una denuncia formal ante la comunidad internacional.

Las cartas fueron enviadas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ellas, se detallan los intentos de Evo Morales por desestabilizar la institucionalidad democrática del país.

Sosa destacó en sus redes sociales que el Gobierno ha expuesto los actos de desestabilización que están ocurriendo en Bolivia. "Hemos informado a la comunidad internacional sobre los recientes acontecimientos que amenazan nuestro mandato constitucional", declaró.

Las misivas enfatizan que, aunque el Estado boliviano respeta el derecho a la protesta, las acciones de Morales no buscan reivindicaciones sociales.

En cambio, se argumenta que su objetivo es interrumpir el actual gobierno, exigiendo elecciones anticipadas y su habilitación como candidato presidencial, lo cual es ilegal según la Constitución.

La marcha iniciada por Morales en Caracollo es vista como un intento de intimidación a la población y un llamado a la confrontación en la sede del Gobierno, buscando forzar la renuncia del Presidente y Vicepresidente.

Este contexto ha derivado en 26 heridos y ha puesto en alerta a los gremios periodísticos, que enfrentan actos de violencia y agresión durante la cobertura de estos eventos.

Sosa también indicó que el Gobierno respondió a los puntos planteados en un pliego petitorio por Morales y sus seguidores.

A pesar de esto, la presión y las protestas han continuado.

Las cartas fueron dirigidas a figuras clave como el secretario general de la ONU, António Guterres; el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi.

Desde la semana pasada, Morales y sus grupos han intensificado sus acciones de presión, incluida una marcha desde Oruro hacia la sede del Gobierno, con el fin de acortar la gestión actual y buscar su participación en las elecciones de 2025.